Presas: “La legislación europea permite excluir la hidroelectricidad del mercado competitivo”

Las presas desempeñan un papel fundamental en nuestro sistema energético. Producen electricidad flexible, almacenable y con muy bajas emisiones de carbono, esencial para el funcionamiento de energías renovables intermitentes como la solar y la eólica. Pero su utilidad va mucho más allá: control de inundaciones, riego, agua potable, navegación, turismo, etc. Estas infraestructuras son esenciales y su valor aumentará con el cambio climático. Además, son muy sensibles desde el punto de vista de la seguridad: una rotura de presa puede causar un desastre humano y ambiental .

Su propiedad, con algunas excepciones, sigue siendo pública. Sin embargo, su explotación, antes gestionada casi exclusivamente por EDF, se ha fragmentado desde la apertura a la competencia. Concesiones muy rentables, como las del Ródano, se han transferido a la Compagnie Nationale du Rhône, filial de Engie. Este grupo también es propietario de la Société Hydroélectrique du Midi en los Pirineos. EDF gestiona actualmente solo el 70 % del parque hidroeléctrico nacional y se ha convertido en una multinacional privada.

En 2015 y 2019, la Comisión Europea abrió dos procedimientos legales contra Francia por incumplimiento de las normas de competencia. En respuesta, París se estancó: la reanudación de las licitaciones para estas instalaciones estratégicas fue rechazada unánimemente por la clase política. Pero esta actitud expectante, si bien evita lo peor, impide cualquier visión a largo plazo y obstaculiza la inversión en un sector clave.

Sin embargo, existe una alternativa: la legislación europea permite excluir la energía hidroeléctrica del mercado competitivo si es operada por el Estado o una autoridad local, ya sea directamente (bajo control estatal) o a través de una empresa pública controlada (cuasi estatal). En este contexto, un monopolio público podría vender electricidad a una tarifa regulada, indexada a los costes reales de producción. Esto garantizaría a los usuarios precios estables y ofrecería al operador seguridad financiera que incentivaría la reducción de costes e inversión, gracias a mejores condiciones de financiación.

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